El Tribunal de Casación resolvió un caso judicial originado en Tánger relacionado con el uso de una vivienda con fines comerciales, confirmando el derecho del síndico del edificio a solicitar el desalojo del inquilino cuando se incumple el uso residencial del inmueble.
El caso se inició tras una demanda presentada por el síndico contra una empresa que alquiló un apartamento y lo transformó en una oficina para recibir solicitudes de empleo, lo que generó una afluencia diaria de personas y fue considerado contrario al uso habitacional.
Mientras que el tribunal de primera instancia ordenó la rescisión del contrato y el desalojo, el tribunal de apelación anuló la decisión al considerar que el síndico no era parte del contrato.
Sin embargo, el Tribunal de Casación estableció que, aunque los contratos solo obligan a sus partes, no deben perjudicar a terceros, reconociendo así la facultad del síndico para solicitar el desalojo en caso de incumplimiento de la normativa de propiedad compartida.
Este fallo aclara el marco legal del uso de inmuebles en régimen de copropiedad y refuerza el papel del síndico en la protección del carácter residencial.