Las autoridades de seguridad de Tánger continúan intensificando las operaciones contra la conducción temeraria y las maniobras peligrosas realizadas tanto de forma individual como durante cortejos nupciales, dentro de una estrategia destinada a mejorar la seguridad vial y preservar el orden público.
El dispositivo policial se basa en la vigilancia sobre el terreno, el seguimiento de las infracciones detectadas en flagrancia y el análisis de vídeos difundidos en redes sociales para identificar a los presuntos responsables. Una vez localizados, los implicados son detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.
El plan también contempla el despliegue permanente de patrullas uniformadas y de paisano en las principales vías de la ciudad, además de controles judiciales dirigidos a interceptar a los infractores sorprendidos cometiendo este tipo de conductas. En los casos de reincidencia, la Fiscalía y los tribunales aplican medidas más severas conforme a la legislación vigente.
Según los datos presentados por el prefecto de policía de Tánger, Abdelkabir Farah, con motivo del 70.º aniversario de la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos, las campañas desarrolladas durante 2025 y los primeros meses de 2026 permitieron poner a disposición de la justicia a 951 personas por conducción temeraria e inmovilizar 974 vehículos.
El mismo balance señala que durante ese periodo se registraron 109.756 infracciones de tráfico y se cobraron 89.777 multas por un importe total de 19.025.775 dirhams, como parte de las acciones para reforzar el cumplimiento del código de circulación.
A escala nacional, el Ministerio del Interior informó de que las operaciones realizadas entre 2023, 2024 y el primer semestre de 2025 concluyeron con la incautación de 34.508 motocicletas y 2.024 automóviles relacionados con este tipo de infracciones, además de la puesta a disposición judicial de 4.522 personas, el depósito de 33.825 vehículos y la retirada de 311 permisos de conducción.
Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia nacional destinada a combatir las prácticas de conducción que ponen en peligro la seguridad vial y el orden público, reforzando al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa de tráfico.