La Cámara de Representantes aprobó, durante una sesión legislativa celebrada el lunes, el proyecto de ley n.º 34.21 que modifica y complementa la ley n.º 25.90 relativa a las urbanizaciones inmobiliarias, conjuntos residenciales y división de terrenos, en el marco de la actualización del marco jurídico que regula el urbanismo y la vivienda en Marruecos.
El proyecto recibió el apoyo de 120 diputados, mientras que otros 50 se abstuvieron, sin registrarse votos en contra. La iniciativa busca adaptar la legislación a las transformaciones urbanas y económicas experimentadas por el país en las últimas décadas.
Durante la presentación del texto, el secretario de Estado encargado de Vivienda, Adib Benbrahim, señaló que la reforma forma parte de la aplicación de las recomendaciones surgidas del diálogo nacional sobre urbanismo y vivienda, y tiene como objetivo mejorar la eficacia del marco legal vigente.
La propuesta establece nuevos plazos para la ejecución de proyectos de urbanización en función de su tamaño y características, con períodos que oscilan entre tres años para proyectos de menos de 20 hectáreas y quince años para aquellos que superan las 400 hectáreas.
Asimismo, incorpora disposiciones destinadas a reforzar los equipamientos e infraestructuras públicas dentro de las urbanizaciones, así como mecanismos para transferir dichas instalaciones al patrimonio público municipal tras la recepción provisional de las obras.
El proyecto también contempla medidas para simplificar los procedimientos administrativos y reducir los plazos de autorización, con el fin de facilitar las inversiones y acelerar la ejecución de proyectos. Además, incluye disposiciones relacionadas con situaciones sociales urgentes, especialmente el reasentamiento de personas afectadas por desastres naturales y la mejora de las condiciones de vivienda.
Durante el debate parlamentario, los grupos de la mayoría consideraron que la reforma responde a las transformaciones urbanas, sociales y económicas del país, mientras que los grupos de la oposición destacaron la necesidad de preservar las garantías jurídicas y los mecanismos de control vinculados al interés público y al derecho a una vivienda digna.